Nadie por encima de la ley: Gobierno del Estado reconoció error de los policías en as3sinato de Israel Malpica Domínguez

Por José Medina

Ciudad Victoria.- Autoridades del gobierno del estado como Héctor Joel
Villegas González secretario general de gobierno, el secretario de seguridad
pública Sergio Chávez, la Comisión de Atención a Víctimas Lorena Perales
Salinas García, CODHET María Taidé Garza Guerra, y el Subsecretario de
Legalidad y Servicios Gubernamentales Jorge Luis Beas Gámez, dieron la cara
ante el asesinato Pedro Israel Malpica Domínguez, en hechos ocurridos el 13
de octubre de 2024 en la ciudad de Reynosa Tamaulipas.

Esto, en un incidente en el que presuntamente participaron ocho elementos de
la guardia estatal. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los
hechos, por instrucción directa del gobernador constitucional del Estado, Doctor
Américo Villarreal Anaya se implementó un protocolo integral de atención que
ha permitido brindar asistencia psicológica permanente y asesoría jurídica
especializada a la familia a través de la Comisión Estatal de atención a
víctimas.

La autoridad informó que se ha dado un acompañamiento constante, dando
seguimiento directo al caso para garantizar la adecuada atención institucional.

Se tiene conocimiento que en el ámbito ministerial, la Fiscalía General de
Justicia, abrió la carpeta de investigación con número de referencia: 376 /2024
que derivó en la carpeta procesal 210 diagonal 2024, paralelamente en materia
administrativa la dirección de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado inició el expediente DAE/ TI /l / 2024, y ante el consejo de
desarrollo policial de esta misma secretaría se integró el expediente CDP/ 022
diagonal 2025 / garantizando así la investigación exhaustiva en todos los
ámbitos de competencia, que permita identificar responsabilidades e imponer
las sanciones que correspondan.

Estado que guarda el proceso de los elementos: Actualmente se encuentra en
prisión el elemento que ha sido señalado como presunto responsable de los

delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, los siete elementos
restantes enfrentan cargos por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público
y encubrimiento, seis elementos se encuentran sujetos a medidas cautelares
contempladas en el Código de Procedimientos Penales que incluyen la
presentación periódica ante la autoridad.

Así como la prohibición de salir del estado y la restricción de no acercarse
tanto a las víctimas, como a los testigos del caso mismos que se encuentran
enfrentando el proceso penal a la espera de la sentencia correspondiente.

Adicionalmente informó que existe orden de aprehensión en contra de un
elemento que se encuentra actualmente sustraído de la justicia, además de
que está suspendido de sus funciones.

Es importante destacar que todos los elementos involucrados han sido
suspendidos de sus funciones, y haberes y el procedimiento administrativo en
su contra, sigue su curso ante el Consejo de Desarrollo Policial.

De esta manera, el estado busca hacer justicia restaurativa y evitar que estos
lamentables hechos se repitan en perjuicio de la sociedad.

Mencionó Héctor Villegas González: «Tamaulipecos y tamaulipecas, el gobierno
de Tamaulipas expresa su solidaridad a la familia de Pedro Israel Malpica
Domínguez, profundamente los hechos ocurridos ratificando el compromiso de
llegar hasta las últimas consecuencias a partir de las indagatorias y del análisis
de los hechos.

Destacó: «Salió a relucir la buena conducta y la honorabilidad de Pedro Israel,
siendo, este el legado por el que será recordado. Saben que cuentan con todo
nuestro apoyo, así mismo mantenemos el firme compromiso de continuar
brindando atención integral a la familia, garantizando el debido proceso en
todas las investigaciones en curso.

«No vamos a solapar a nadie, no toleraremos abusos, faltas ni atropellos por
parte de los elementos de las fuerzas de seguridad, ni de ningún servidor
público del estado.

Estamos sentando un precedente de cero tolerancia, cero impunidad, a
quienes infrinja el principio constitucional de legalidad en el desempeño de la
función pública.