Por: José Medina
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Blanca Anzaldúa, diputada de Morena en Ciudad
Victoria, propone una acción legislativa que tiene por objeto establecer en el
marco constitucional, jurídico y administrativo del Estado de Tamaulipas, la
protección explícita de la integridad y seguridad personal del personal docente,
directivo y de apoyo educativo; crear obligaciones de corresponsabilidad de las
familias y autoridades escolares; regular protocolos obligatorios de prevención,
atención y protección; garantizar mecanismos de defensa legal, apoyo psicológico
y reparación integral para el personal agredido; y tipificar agravantes y sanciones
administrativas y penales específicas cuando la violencia, la difamación o la
extorsión afecte al personal educativo.
Dijo en la tribuna legislativa que va en aras de buscar la restauración de la
autoridad y respeto al trabajo docente y proteger el derecho a la educación de la
comunidad escolar: _ «Y para nadie es omiso reconocer que la violencia en las
escuelas no se limita a simples agresiones entre estudiantes, ya que se ha
evidenciado y documentado un incremento de ataques, presiones, difamaciones y
extorsiones contra el personal docente, lo que afecta su salud física y mental,
deteriora el ambiente
escolar y reduce la calidad educativa. Por ello, con la presente acción legislativa
se busca realizar un reconocimiento constitucional expreso del derecho de las y
los docentes a la seguridad e integridad en el ejercicio de sus funciones, así como
establecer la corresponsabilidad de madres, padres y tutores para actuar con
respeto hacia el
personal educativo.
Al mismo tiempo, se plantea que la autoridad educativa estatal, en coordinación
con instancias de seguridad, desarrolle protocolos de
prevención, denuncia, atención y protección, acompañados de una atención
integral a víctimas que contemplen defensa legal gratuita, acompañamiento.
Consideró Anzaldúa Nájera que la implementación de estas medidas permitirá en
el Estado fortalecer la seguridad y confianza del personal docente, reducir las
agresiones, extorsiones y difamaciones en su contra, generar un mejor ambiente
escolar que eleve la calidad educativa, así como dar cumplimiento a los
compromisos internacionales en materia de derechos humanos y
educación.psicológico y reparación del daño».
Asimismo, se propone incorporar sanciones penales y agravantes en delitos
cometidos contra docentes, como lesiones, privación de la libertad, difamación o
extorsión, cuando se difundan en redes sociales, así como responsabilidad
administrativa para autoridades escolares y servidores públicos que incurran en
omisión o negligencia.
En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos,
así como las autoridades
educativas, tengan conocimiento de la
comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los
educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente,
mediante mecanismos de denuncia accesibles y confidenciales para garantizar el
derecho a la integridad y seguridad personal de
las personas docentes, así como del
personal de apoyo y asistencia a la
educación.
El Estado garantizará la protección, la
integridad, seguridad física, psicológica
y moral de las maestras, maestros y del
personal de apoyo y asistencia a la
educación en el ejercicio de sus funciones, reconociéndoles el derecho a contar
con mecanismos de defensa legal eficaces y oportunos frente a cualquier acto de
violencia, amenaza, intimidación, difamación o vulneración de su
seguridad derivado de su labor.
Por ello, las autoridades competentes deberán implementar medidas de
prevención, atención y protección, asegurando el acceso a la justicia y la
reparación integral del daño
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