Da seguimiento la CEDH a más de mil 500 quejas

11 enero, 2017

  1. Matamoros, Tam.- La Secretaría de Educación, Tránsito y Fuerza Tamaulipas, ocupan los primeros tres lugares en denuncias en contra que se reciben en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se radicaron en 2016, mil 500 expedientes.

José Javier Saldaña Badillo, subdelegado de la CEDH en Matamoros, informa que dichas instituciones fueron acusadas por diversos hechos, pues en el caso de la SEP, principalmente por cobro de cuotas escolares, maltrato infantil, retención ilegal de documentos oficiales por adeudos, principalmente.

Tránsito presenta inconformidad por casos de abuso de autoridad, maltrato y aplicación de multas no sustentadas.

En el peor de los casos se ubica Fuerza Tamaulipas, ya que se han presentado quejas por robo, tortura, arresto injustificado, allanamiento y otros, que se desarrollaron principalmente en 2015 y principios del 2016.

En lo que se refiera a educación, la mayoría de los casos se resolvió mediante convenios a satisfacción de las partes, mientras que en Tránsito se hicieron recomendaciones a la autoridad para que reconsideren algunas actitudes de los agentes viales.

Sin embargo, en el caso de los agentes de vialidad, de la gran mayoría de los casos, más de 300, se están ventilando ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado porque son casos más delicados, sobre todo porque han decenas de casos donde los patrulleros llegaban sin orden de cateo ni de aprehensión a las casas y negocios, se metían, arrestaban a los moradores y cometían saqueos.

Uno se los casos más “sonados” sucedió en el hotel Ritz de cinco estrellas, que se ubica en Siete y Matamoros, donde los agentes de Fuerza Tamaulipas ingresaron en busca de unos supuestos huéspedes, y maltrataron al personal para que les diera informes, luego robaron diversos artículos, incluidos los monitores y cámaras del sistema de video vigilancia.

La CEDH sostiene que en cada situación se pone en relieve la dignidad y le integridad física de las personas, que la autoridad asuma sus responsabilidad y que no se aprovecen del anonimato o de la secrecía que condiciona el nuevo sistema penal.

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