Por José Medina
Ciudad Victoria.- Isidro Vargas Fernández propuso una iniciativa que tiene por
objeto establecer en la Ley dentro de los principios rectores para el acceso de
todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia el principio
de autonomía, toda vez que a través del mismo las mujeres contarán con la
capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones
que afectan sus vidas.
Para que los derechos humanos, sean estos derechos civiles y políticos, como
el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los
derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la
seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos
al desarrollo y la libre determinación, son derechos indivisibles,
interrelacionados e independientes, por lo que el avance de uno facilita el
avance de los demás, de la misma manera, la privación de un derecho afecta
negativamente a los demás.
La persistente desigualdad y las prácticas discriminatorias, expresadas en
distintos aspectos de la vida de las mujeres, han sido y continúan siendo un
desafío central de los estados en sus esfuerzos por construir sociedades más
democráticas y menos desiguales y constituyen un argumento fundamental en
la pertinencia de políticas públicas orientadas al logro de la autonomía física,
económica y política de las mujeres.
Es por ello que, la igualdad y el pleno ejercicio de sus derechos humanos tiene
como condición la autonomía para que puedan participar en la vida privada y
pública en igualdad de condiciones con los hombres, lo que incluye cuestiones
tan concretas como las tareas reproductivas y de cuidado sean compartidas y
no exclusivas de las mujeres, que garantice el ejercicio de los derechos
reproductivos y una vida sin violencia de género, que se promueva la
participación laboral y se asegure que esta signifique una generación de
ingresos suficientes para disfrutar de autonomía y que se defienda y asegure la
plena participación de las mujeres en la toma de decisiones en los distintos
niveles.
Además, la igualdad y el pleno ejercicio de sus derechos humanos tiene como
condición la autonomía para que puedan participar en la vida privada y pública
en igualdad de condiciones con los hombres, lo que incluye cuestiones tan
concretas como las tareas reproductivas y de cuidado sean compartidas y no
exclusivas de las mujeres, que garantice el ejercicio de los derechos
reproductivos y una vida sin violencia de género, que se promueva la
participación laboral y se asegure que esta signifique una generación de
ingresos suficientes para disfrutar de autonomía y que se defienda y asegure la
plena participación de las mujeres en la toma de decisiones en los distintos
niveles.
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